"How can I know what I think until I read what I write?" – Henry James


There are a few lone voices willing to utter heresy. I am an avid follower of Ilusion Monetaria, a blog by ex-Bank of Spain economist (and monetarist) Miguel Navascues here.
Dr Navascues calls a spade a spade. He exhorts Spain to break free of EMU oppression immediately. (Ambrose Evans-Pritchard)

martes, 3 de octubre de 2017

La Ley de Transitoriedad, un latrocinio a España

La llamada Ley de Transitoriedad, que establece las bases legales de tránsito hasta que haya una nueva constitución de Cataluña, es un verdadero latrocinio para el patrimonio público español, sin que medie ningún tipo de negociación entre el nuevo Estado español y catalán para compensar por los bienes que por razones claras, no pueden ser devueltos. En El Mundo, podemos leer lo que dice esa Ley, sobre lo que más afecta a España y a los españoles residentes en Cataluña.

CAMBIO DE FUNCIONARIOS. La Generalitat asumirá las competencias del Estado en todo el territorio catalán, lo que incluye también a los funcionarios que actualmente prestan sus servicios en la comunidad, a no ser que renuncien expresamente y pierdan su plaza. Los empleados públicos mantendrán categoría y retribución, pero dependerían de una nueva administración. Para incorporar a estos trabajadores, la Generalitat convocará un procedimiento especial para cubrir los espacios imprescindibles «para garantizar el funcionamiento normal de servicios públicos». Además, pretende negociar con el Gobierno el traspaso del personal.

AMNISTÍA CON EL 'PROCÉS'. Antes de regular el Código Penal de la futura república, la ley de Transitoriedad quiere dejar sin efecto cualquier causa relacionada con el proceso independentista. Por eso, la norma remarca que los juzgados y tribunales deberán anular los procesos penales «contra investigados o condenados por conductas que busquen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña».

SE QUEDAN LOS BIENES DEL ESTADO. La Generalitat será la titular de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bienes en Cataluña del Estado, remarca la ley, pese a que no concreta una posible negociación entre los gobiernos para el traspaso de activos y pasivos. También subrogarán todos los «contratos, convenios y acuerdos» firmados por el Gobierno y que sean necesarios para el funcionamiento del nuevo estado.

Ya solo esto da una idea de lo que pasará con la deuda de Cataluña en manos del Estado español. 
En suma, miles de personas que serán expulsadas de Cataluña, deberán ser realocadas por el Gobierno - lo que será un peso no desdeñable en la deuda española, aparte del drama personal -, mientras que las instalaciones pertenecientes al Patrimonio del Estado serán absorbidas por el nuevo Govern a título gratuito. Además, el Estado perdería su dominio sobre fronteras y puertos, terrestres, marítimos y aéreos, lo que no es desde luego desdeñable. El daño que representa la pérdida de las rentas del puerto de Barcelona, que creo que es nacional, además del efecto negativo del desvío del comercio hacia otras líneas de entrado o salida, es incalculable. 
Aunque sólo sea por esto uno se esperaría una reacción más contundente del gobierno nacional, y cuanto antes mejor, porque el tiempo hace las cosas irreversibles. 
Esta visión de la secesión no hace precisamente probable una relación normal entre ambas entidades si se produce la separación. Esto es un atraco puro y duro, sin consideración a la conveniencia de guardar buenas relaciones con el país vecino. 
Supongo que el Gobierno español está al cabo de la calle, que ha leído la ley. Un gobierno, ante el riesgo mínimo de que le saqueen sus bienes (de los españoles) de una región en la que viven muchos españoles no catalanistas, tendría que poner encima de la mesa la legislación que le permite evitar este saqueo. Concretamente, el artículo 155 de la Constitución hoy vigente. Esperar más es suicido,  porque una vez consumado los hechos anunciados, se habrá producido la secesión y la Constitución no tendrá vigor ni en España. Sí: lo peor de este caso inaudito de pasividad de un gobierno ante una rebelión es que el Estado español dejaría de existir, porque muerto el ser Constituyente, muerta la constitución de 1978, que tiene suficientes enemigos en España como para que sea volada por el capricho se los catalanes. Los de Podemos & Cía no tardarían mucho en pedir su reforma, seguidos de cerca por el PSOE, aunque su objetivo de calmar a los catalanes ya no tendrá sentido. Probablemente el rey debería irse a un largo viaje, y veremos asombrados el nacimiento de la República que nadie ha pedido. Esa República sería federal, es decir, de trocitos de España, aparte de las autonomías que opten por la secesión, ya que es tan fácil. 

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