Por qué la ley de la Claridad no hace falta en España

No sé si saben ud que Canadá tuvo graves problemas de separatismo de la provincia de Quebec, hasta que el ministro Din consiguió la sentencia del Tribunal Supremo sobre las condiciones que debían cumplir los refrendos, lo que ha venido en llamarse Ley de la Claridad. Fue un ingenioso instrumento para acabar con las ínfulas independentistas de una minoría. 

Del blog De Santiago Gonzalez  extraigo este párrafo sobre la Ley de la Claridad de Canadá, que cerró el asunto de la secesión de Quebec, lo que anima a algunos retrógrados incultos como Podemos a pedirla para España. 

Como veremos, en España no tiene ningún sentido, porque disponemos del artículo 2.

Santiago González:

"El ministro de Relaciones Intergubernamentales de Canadá, Stéphane Dion, dio su primera conferencia en España en Bilbao, el 25 de noviembre de 2003, tres años después de la aprobación por el Supremo canadiense de la Ley de Claridad y en las últimas semanas de su ministerio. Dion dedicó la mañana a visitar partidos políticos. Sería el suyo un modelo inspirador, pero el PNV no lo recibió. Durante el almuerzo al que nos había invitado a los organizadores* el embajador de Canadá en Madrid, alguien le preguntó por qué la Ley de la Claridad. Y él, amable y sonriente, dijo: "Porque nuestra Constitución no tiene un artículo segundo como el que tiene la de ustedes". Tengo testigos."

ADENDA. Por el comentario de Miguel E, me doy cuenta que debería haber aclarado un poco más el asunto. Creo que a lo que se refiere el ministro canadiense, es que en España no hace falta instrumentar una ley de la claridad, porque la Unión indivisible de España está explícitamente expresada en el artículo 2 de la Constitución: 

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

No sólo dice que España es una unidad indivisible, sino que además esa unión es fundamento de la Constitución. Por lo tanto, cualquier ataque contra ésta, debe - repito, debe - ser contundentemente rechazado. Cosa que Rajoy no parece entender. 

Porque es patente que cualquier debilidad con este punto acabaría inmediatamente con La Constitución, como los hijos de su madre de los nacionalistas más Podemos nos van a recordar. Es decir, en otras palabras, que si Cataluña se independiza, la Constitución deja de tener razón de ser, se diluye, la Monarquía deja de tener razón de ser, se diluye, y se abriría un proceso constitucional con un horizonte bien distinto que el de 1978, acabando probablemente en un estallido del territorio.

Repito una vez más: el caso Cataluña es sumamente importante para España, que se quedaría sin leyes basadas en la Ley Máxima, pues ésta no tendría sentido. Se habría muerto el sujeto Constituyente, España, y por ende se habría muerto la constitución. Un 

Lo que dice el ministro canadiense es que ellos no tienen tal artículo, lo que les impide defender por la fuerza de la ley su Constitución. Hubo que arbitrar un sistema de referéndum que fuera claro: o se votaba claramente, sin confusión, a la secesión por una mayoría suficiente, o se rechazaba la petición. Hasta entonces había habido refrendos de ambigüedad calculada por los separatistas, para incitar a gente no muy separatista  a votar sí. Desde la ley de la Claridad ya nadie tiene la fuerza suficiente para pedir un referéndum: saben de sobra que lo perderían. 

En otras palabras, el ministro hubiera preferido disponer de nuestro artículo 2, que sólo en un país como España muchos se quieren saltar por encima. 

El artículo 155, por su parte, es el instrumento que los padres se la Constitución pusieron en manos del Gobierno para defender el artículo 2.

Artículo 155

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.