La legislación de las Cortes de Cádiz establecía la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria. Esta medida no llegó a ser aplicada durante todo el siglo XIX.
Uno de los grandes problemas que tuvieron que afrontar los sucesivos gobiernos nacionales a lo largo del siglo XIX fue el de la educación. Tanto liberales como conservadores tuvieron que lidiar con los problemas de un país en el que las tasas de analfabetismo estaban muy por encima de la media europea, por lo que unos y otros trataron, a su manera, de revertir la situación.
Para que nos hagamos una idea, a principios de siglo, el porcentaje de analfabetos rozaba el 94%, y no fue hasta 1900 cuando se consiguió reducir al 64%. Un esfuerzo encomiable, pero sin embargo insuficiente, si tenemos en cuenta que muchos países europeos presentaban un 50% de población alfabetizada a finales del XIX. Esta dificultad para emprender el proyecto de reforma educativa se debió, en gran medida, al convulso clima político y social de la España del momento. En ella, la lucha del incipiente liberalismo por acabar con los últimos reductos del Antiguo Régimen se prolongó más de lo que ocurrió en otros lugares. E incluso cuando el sistema liberal se impuso definitivamente, los gobiernos de corte más progresista optaron por entregar un papel más relevante al Estado en cuestiones educativas, mientras que los más conservadores atribuían este papel a la Iglesia.
En línea con la Ley Pidal de 1845, esta reforma seguía el modelo francés de educación centralizada y secularizada, lo que hizo que se topara con importantes contratiempos. Uno de ellos fue la escasez de recursos económicos de las diferentes regiones. A ello hay que añadir el rechazo de los emergentes nacionalismos periféricos hacia un sistema educativo en el que el castellano ocupaba una posición central. A todo ello debemos añadir la oposición de gran parte de la población a que sus hijos fuesen escolarizados, ya fuera porque consideraban la educación como un privilegio de las clases más pudiente, o porque simplemente no podían permitirse renunciar a la mano de obra que éstos suponían.
En cualquier caso, y a pesar de los problemas financieros, la Ley Moyano promovió la creación de al menos un centro de educación primaria en cada pueblo o ciudad con los fondos del ayuntamiento correspondiente. Al mismo tiempo, ordenaba la creación de un instituto de secundaria en cada provincia, y dos en Madrid, con la intención de hacer llegar la escuela a cada rincón del país. Estas medidas, junto con las iniciativas privadas, en las que las instituciones y congregaciones religiosas desempeñaron un papel muy importante, permitieron un cierto avance en la lucha contra el analfabetismo.
La construcción del Estado español, pues, partió de esa base que hemos descrito de un poder completamente desmenuzado. Era una situación prácticamente confederal. El Gobierno central no poseía aún medios administrativos para conocer el territorio, para obtener recursos de él o para hacer cumplir las normas, si no era a través de la mediación de poderosos locales con los que tenía que negociar. Este es el origen de la estructura clientelar del poder político y de los partidos en la España del XIX, que culminaría en el fenómeno del caciquismo,denunciado durante la crisis de la Restauración. Antes de que ese tipo de denuncia hiciera aparición (en torno al movimiento regeneracionista y la crisis de 1898), el caciquismo sirvió como instrumento para suplir la falta de medios administrativos propios por parte del Gobierno. La relación clientelar con los caciques locales y regionales permitió controlar el territorio, mantener el orden, reclutar soldados y recaudar impuestos. Solo cuando el Estado empezó a ser capaz de realizar todas estas funciones por sí mismo -hacia finales del siglo XIX-, la realidad social y política del caciquismo empezó a ser criticada duramente por quienes aspiraban a un modelo de Estado más moderno.