Ese es el objetivo de las medidas que proponemos: reactivar la economía tan pronto como sea posible. Son propuestas que permitirán salvar empleo y dar tranquilidad a muchos españoles. Si no ponemos en marcha un plan de choque como el que proponemos desde Cs, habrá despidos, quebrarán empresas y será difícil volver a ponerlas en pie. Estamos a tiempo.
Para evitarlo, necesitamos sentar las bases que nos permitan aguantar con firmeza la crisis que ya ha desatado el coronavirus. Debemos dar garantías a nuestras familias, empresas, a nuestros trabajadores y autónomos. Por eso, proponemos una garantía por triplicado.
La primera garantía es de tipo laboral: se trata de asegurar a los trabajadores que no perderán renta, aunque su jornada se vea reducida por esta crisis. Para ello, el Estado debe contribuir a pagar parte del salario correspondiente a la reducción, tanto si esta es parcial como si es total. A los autónomos, por su parte, hay que ayudarlos pagándoles la Seguridad Social y una prestación por cese de actividad.
La segunda garantía se refiere a la liquidez. Nuestra propuesta es abrir una línea de crédito ilimitada sin intereses y con una carencia de un año, con aval público del Estado, para que autónomos y pymes puedan hacer frente a todas las facturas, ya sean alquileres o pagos a proveedores previos a la crisis pero que afrontan ahora.
Por último, urge una garantía fiscal para que los negocios afectados por el coronavirus puedan retrasar el pago de todos los impuestos mientras dure la pandemia.
El Tesoro debería garantizar una parte sustancial de los créditos que se renueven o concedan por las entidades de crédito en estos meses, en línea con lo anunciado en Alemania y otros países de la eurozona. Esta garantía aumenta la deuda pública hoy pero puede disminuirla mañana, mientras que no concederla o limitarla en exceso multiplicaría las pérdidas de producción y empleo, lo que se traduciría en aumentos del déficit y la deuda pública aún mayores y más permanentes. Tenemos que ser conscientes de que será inevitable soportar un aumento significativo de la deuda pública (también de la deuda privada) durante esta crisis, al menos de entre 10 y 20 puntos del PIB, un aumento que será tanto más transitorio y se irá disipando más rápidamente cuanto mejor se hagan las cosas. Lo más importante al respecto es que las medidas que más deuda generen hoy sean las que más puedan reducirla mañana. En otro orden de cosas, debemos entender que las empresas se enfrentan a una caída sin precedentes de sus ingresos en lo que resta de año e incluso en un escenario optimista sus ingresos medios esperados en 2021 serán inferiores a los de 2019.
Consecuentemente, sólo si sus costes laborales este año y el próximo son significativamente inferiores a los del año pasado se podrá crear empleo con la intensidad deseable; sólo así se podrán mantener, reabrir o crear un número de autónomos y nuevas empresas intensivas en trabajo que nos lleve lo antes posible a los niveles de empleo de comienzos de año. Para ello, además de explorar vías de flexibilización salarial entre los agentes sociales, debería haber reducciones permanentes de cotizaciones sociales y suspenderse la aplicación del salario mínimo o al menos retrotraerla a 2017. No se trata de impedir que haya salarios dignos sino de evitar que muchos pierdan su trabajo y su salario, no es cuestión de reducir los ingresos de los trabajadores sino por el contrario de que bajen lo menos posible. Se trata, en suma, de limitar todo lo posible la quiebra de empresas y los despidos permanentes a fin de reducir al mínimo inevitable la desaparición de asalariados.
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