Zapatero, irredento admirador del separatismo como factor corrosivo de España, hizo una ley de financiación incomprensible, salvo que sea leída como lo que ha resultado ser, un beneficio para Cataluña, que obtiene más financiación que nadie y aporta al resto menos que nadie.
La ley es casi ininteligible, hasta el punto que el ministro de economía de entonces, Pedro Solbes, la llamó “el sudoku”.
Es tan abstrusa y está tan llena de excepciones, que es prácticamente encontrarle la lógica en la que debería de basarse.
Para empezar, ¿debería existir tal ley? ¿No sería más lógico financieramente que cada Comunidad se financiara en los mercados de crédito y bonos, cotizando día a día según la valoración que hicieran los inversores? Eso garantizaría que la captación de fondos fuera al coste de mercado.
En mi opinión, esto dejaría para la cuenta corriente la política de igualdad entre comunidades, con las aportaciones del estado en proporción a los habitantes, que me parece el único criterio válido.
Es decir, en otras palabras, abogo porque la cuenta financiera sea de responsabilidad completamente autonómica, y que las transferencias de dinero del centro a las comunidades (que pueden ser positivas o negativas), sea de la cuenta corriente de impuestos y gastos del estado, con transferencias de competencias sólo si está probado que así son más eficientes en gestión y coste. Por ejemplo, me parece que la Sanidad no debería estar transferida a las comunidades pues se pierden economías de escala que harían el coste medio mucho más bajo, y eso supondría recursos dedicados a otros fines más prioritarios. Hay muchos otros ejemplos de ineficiencia en servicios por haber sido transferidos por razones políticas, pero que no aguantaría ni un examen de eficiencia económica.
Esto se puede expresar de otra manera: las comunidades no tienen por qué generar deuda, y si lo hacen debe ser a precio de mercado y con los votantes premiando o castigando la gestión. Eso sería un excelente correctivo de transparencia, y no lo que es hoy, un galimatías inextricable.
Si una comunidad decide emitir deuda, debe explicar en qué lo va a invertir, cosa que no hace ahora cuando se gasta el dinero transferido por el estado, por ende de todos los españoles, en pirulís y demás obras de arte chorras a un coste insultante al que nadie encuentra justificación.
Las transferencias del centro a las comunidades debe estar avalada por criterios de eficacia vigilada por profesionales, no por políticos como en el caso de los ERTES de Andalucía. El sistema actual, confuso e intrincado, volverá a producir monstruos como aquel de infausta memoria.
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