El camino hacia la Guerra Civil. 1934 según Stanley Payne

El levantamiento de los socialistas españoles de 1934 fue la acción insurreccional mejor organizada y la que contó con mejor armamento de todas las registradas en Europa occidental y central durante el período de entreguerras. 

En contra de lo que señalarían con posterioridad sus defensores, esto no se debió a una reacción defensiva a la desesperada y en el último momento, sino a una agresión cuidadosamente planificada que retóricamente llevaba gestándose más de un año y tácticamente nueve meses. Como ha escrito Santos Juliá, «lo que tenían en mente los socialistas no era, como lo definirá después Luis Araquistáin para los lectores de Foreign Affairs, una “revolución preventiva”, sino un proyecto de responder a una supuesta provocación con el propósito de conquistar todo el poder para el partido y el sindicato socialista, que actuarían de consuno en el empeño»[8]. Gabriele Ranzato observa: «[…] Los socialistas se iban preparando para la revolución con independencia de la marcha de Gil-Robles hacia el poder, y por cierto no era indispensable para impedir a este ejecutar sus planes, dar vida a la comuna asturiana, matar a curas y burgueses, o arrestar al presidente de la República, según estaba previsto en los planes de los revolucionarios»[9].

Cuando El Socialista proclamó el 25 de septiembre de 1934 que «renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía. Bendita sea la guerra», hablaba totalmente en serio. Mientras tanto, entre abril y junio de 1934 Manuel Azaña y otros líderes republicanos de izquierda realizaron una serie de maniobras que insistían en el carácter hiperlegítimo de un Gobierno izquierdista.

Por una parte, a pesar de la falta de apoyos parlamentarios, intentaban alentar u obligar al presidente Alcalá-Zamora a nombrar un Ejecutivo de coalición minoritario compuesto por la izquierda moderada, cuyo propósito sería convocar nuevas elecciones a la mayor brevedad posible. 

Si Alcalá-Zamora no cedía, la alternativa era presionarle con una especie de pronunciamiento civil o una toma del poder pacífica. Parece que lo que Azaña tenía en mente a finales de junio era una entente entre los republicanos de izquierda, la Esquerra catalana y los socialistas. Así se podría haber instaurado un Gobierno alternativo en Barcelona, que, con el apoyo de una huelga general socialista, habría desatado una crisis de magnitud suficiente como para convencer al presidente de la República de que ese Gobierno debía asumir el poder. El proceso no habría sido del todo pacífico, porque una huelga general hubiera implicado inevitablemente cierta violencia, si bien no habría sido una insurrección. Azaña se dejó llevar por su propia retórica. El 1 de julio proclamó con grandilocuencia que «Cataluña es el único poder republicano que queda en pie en la península», una sentencia absurda y ajena a la realidad. Y añadió otra ridícula afirmación: que la situación del momento era igual a la registrada antes del derrumbe de la monarquía. Pero aún fue más allá, ya que, invocando el levantamiento militar violento de diciembre de 1930, señaló que «unas gotas de sangre generosa regaron el suelo de la República y la República fructificó. Antes que la República convertida en sayones del fascismo o del monarquismo, […] preferimos cualquier catástrofe, aunque nos toque perder»[10]. Pero en 1934 los designios de Azaña se revelaron inviables, porque los socialistas, con la vista puesta en la revolución, rechazaron la colaboración con la «burguesía», aunque fuera con los republicanos de izquierda. Alcalá-Zamora se negó a permitir que la izquierda constituyera un Gobierno extraparlamentario. Pensaba continuar con la fórmula del Ejecutivo centrista en minoría, dirigido por los radicales, negando para siempre a la CEDA cualquier oportunidad de participar en el mismo. Sin embargo, José María Gil-Robles, jefe de la coalición derechista, anunció antes de la apertura de las Cortes, el 1 de octubre, que su partido exigiría varias carteras en una coalición de Gobierno con apoyo parlamentario mayoritario, lo que otorgaría a la República su primer Ejecutivo normal (y mayoritario) en un año. Alcalá-Zamora solo podría haberse opuesto a esta exigencia convocando nuevas elecciones, algo completamente absurdo tan cerca de las elecciones recientes.

Así, tres ministros cedistas, todos ellos de los sectores más moderados del partido, entraron en un Gobierno centro-derechista dominado todavía por Alejandro Lerroux y los radicales. Este paso, absolutamente normal en una democracia parlamentaria, fue utilizado por los socialistas para justificar el levantamiento revolucionario planeado por ellos mismos durante nueve meses. La insurrección se inició el 4 de octubre en nombre de la Alianza Obrera (una nueva formación revolucionaria constituida junto a otros grupos obreros menores) y de Esquerra Catalana. La izquierda aducía que tanto Hitler como Mussolini habían tomado el poder legalmente, amparándose en una minoría de escaños para entrar en un Gobierno de coalición, analogía esta que giraba en torno a la estigmatización de la CEDA, a la que se tachaba de «fascista», aunque esta nueva formación católica, pese a algunos ocasionales excesos retóricos de sus líderes, siempre había respetado la legalidad. 

A diferencia de los socialistas y otros grupos obreros de izquierda, la CEDA se había abstenido de recurrir a la violencia y a la acción directa, a pesar de que algunos de sus afiliados habían sido asesinados por aquellos. Como señaló irónicamente el veterano socialista Julián Besteiro, en ese momento el Partido Socialista Obrero Español tenía más rasgos propios de una organización fascista que la CEDA.