Cuando los avales se convierten en "capital" según doctrina Rallo

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La política de avales del Estado pulveriza sus propios registros. Las últimas cifras oficiales muestran que el sector público ha avalado ya emisiones por valor de 133.161 millones de euros. De largo, la cifra más alta jamás alcanzada. Representa un aumento del 35% desde diciembre y refleja con nitidez los problemas de una parte importante del sistema bancario para financiarse en los mercados sin el paraguas del Estado.

Lo relevante, sin embargo, no es sólo la cifra. También la evolución. Y según estos datos del Tesoro, en lo que va de año –hasta el pasado 22 de mayo- las entidades han necesitado 33.435 millones de euros con cargo alprograma de avales de 2012. De esta cantidad, la inmensa mayoría ha ido destinada al Banco Financiero y de Ahorros –la matriz de Bankia (15.000 millones de euros)-, y al resto de entidades en las que ha entrado el Frob (Catalunya Banc, Banco CAM y NovaGalicia). En lo que va de año, el Estado ha avalado 22 emisiones que afectan a 10 entidades. El tipo de interés nominal que se aplica a este tipo de operaciones se sitúa entre el 4% y el 5%.

El riesgo asumido por el Estado puede explicar en parte la estrategia del Gobierno de no dejar caer a ninguna entidad financiera, toda vez que en caso de quiebra, sería el sector público quien estaría obligado a asumir las pérdidas. La situación es tan difícil que el actual Gobierno tuvo que ampliar el programa de avales de este año hasta los 196.043 millones, cifra que refleja el riesgo real asumido por el Estado. Los bancos no pueden acudir al mercado, y es el Gobierno quien las garantiza.

A esta cantidad, en todo caso, hay que añadir los 19.000 millones de euros que inyectará el Estado en el Grupo BFA-Bankia, y, probablemente, en otras entidades ‘nacionalizadas’ por el Frob.

Como se ve, un problema extraordinariamente importante que explica que en los últimos días hayan acudido al Congreso representantes de dos hedge funds anglosajones para pedir información sobre laverdadera situación de la banca española. Como dice una de las asistentes a las reuniones, los gestores de ambos fondos “ya han puesto la cruz a España” y no tienen ningún interés en conocer la realidad de las cifras. “Y eso que se les explicó que la banca española es solvente”, añade las fuentes.

Así las cosas, lo que ahora falta conocer es cómo se financiará la entrada del Estado en el capital de Bankia. Y ayer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, insistió en que “no está determinado” que España vaya a pedir ayuda al fondo de rescate europeo.

Esto quiere decir –aunque ayer no lo aclaró el presidente Rajoy- que el Gobierno tendrá que acudir al endeudamiento. En total, unos dos o tres puntos de producto interior bruto. Y hay que tener en cuenta que el Gobierno ha previsto en el Programa de Estabilidad presentado a Bruselas que el endeudamiento alcance este año el 79,8% del producto Interior Bruto (PIB).

El drama para España es que la escalada del endeudamiento se produce en un contexto de aumento de la prima de riesgo, lo que encarece el servicio de la deuda. Y hay que tener en cuenta que por cada 100 puntos básicos que aumenta el tipo de interés medio del saldo vivo de la deuda, los gastos financieros aumentan en algo más de 6.000 millones de euros.

Teniendo en cuenta que desde 2009 el tipo de interés medio ha pasado del 3,53% al 4,07%, eso significa que el ensanchamiento del diferencial con Alemania ha costado ya más de 3.000 millones de euros.

El problema, en todo caso, es de credibilidad. Y lo que penalizan los mercados no el sólo el nivel de deuda, sino,también, la previsibilidad. Y tanto el déficit público como los propios balances bancarios son hoy objeto de múltiples dudas. De ahí que ahora se analice con lupa qué instrumentos contables utilizará el Gobierno para financiar el saneamiento de la banca.