A estas alturas poseemos dos claras certidumbres: por un lado, que nadie quiere unas nuevas elecciones, es decir, ninguno de los partidos políticos ni tampoco una gran mayoría del electorado desea volver a las urnas el 26 de junio. Y, por otro lado, que, paradójicamente, parece que no hay más remedio que celebrar esas nuevas elecciones ante el jeroglífico político que sufrimos. Así lo confirma la falta de seriedad de nuestra clase política - salvo alguna excepción- que lleva tres meses jugando al escondite y al veo veo, como si no pasase nada. Y así lo confirma también la imposibilidad de realizar la gran coalición (PP, PSOE Y Cs), única posible que podría conferir una estabilidad política a España, mediante un pacto en que respectivamente cada uno tendría que ceder algo para que se pudiesen llevar a cabo las transformaciones sociales, económicas, políticas y constitucionales que ya no pueden esperar más, porque nos acechan varios peligros que pueden acabar con España. En efecto, el primero de todos es el creciente deterioro de la economía, con su correlato del aumento del paro, a causa de que no tenemos un Gobierno que gobierne. En segundo lugar, avanza la ofensiva separatista, especialmente en Cataluña, donde los nacionalistas siguen tomando medidas de desconexión al ritmo de una liebre, mientras que el Gobierno en funciones -pero asimismo cuando estaba en plenitud- sigue tomando sus contrapartidas al paso de una tortuga, pero en este caso desgraciadamente no ocurrirá lo mismo que en la fábula de Esopo. Un tercer riesgo es que el movimiento populista que representa Podemos, acabe convirtiéndose en la fuerza preponderante de la izquierda, cuando precisamente no ejerce esta ideología a la que quiere sustituir. Y, por último, sin agotar el repertorio, es necesario un nuevo planteamiento de nuestras instituciones políticas, hoy infectadas del virus partidista, una reforma del Título VIII de la Constitución y, finalmente, una recuperación de la política exterior que hoy está a la misma altura de cualquier país tercermundista.
Ahora bien, aunque nadie quiere elecciones en junio y nadie quiere formar una gran coalición, o acaso una pequeña entre PSOE Y Cs, con el apoyo externo del PP, existe la posibilidad de que en el último minuto, movidos por el miedo escénico de perder lo que se tiene, como sucedió en el Parlamento catalán, se forme un Gobierno 'progresista' derivado de una coalición suficiente para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero no para poder gobernar después. Este es el llamado Gobierno a la valenciana que tanto reivindica Pablo Iglesias y que no es más que un espejismo, porque sería todo menos un Gobierno de cambio y progreso. En efecto, con 161 diputados se podría alcanzar la investidura en la segunda votación, si cuenta con la abstención de los partidos separatistas, pero será imposible gobernar porque no podrán alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, ni por supuesto en el Senado, donde el PP dispone de una amplia mayoría que utilizaría para bloquear las modificaciones necesarias a través de leyes ordinarias u orgánicas. El procedimiento para su aprobación, según lo que exige el artículo 90 CE, imposibilitaría o dificultaría los cambios legislativos que reivindican alegremente. Y para qué vamos a hablar de modificar la Constitución, porque una reforma ordinaria de la misma exige, según el artículo 167 CE, 210 diputados y 159 senadores, y la extraordinaria, expuesta en el artículo 168, requiere 236 diputados y 176 senadores. ¿De dónde podría sacar este Gobierno a la valenciana los votos que se necesitan para modificar cualquier artículo de la Constitución? Por ejemplo, para suprimir el aforamiento, como se reivindica ahora con razón, habría que modificar el artículo 71.3 de la Constitución, lo que significa que ese Gobierno no dispondría de las cifras de diputados y senadores que he mencionado.
Vistas las cosas así, hay que escoger probablemente entre dos males, el posible, aunque difícil, Gobierno a la valenciana, o las nuevas elecciones en junio. No cabe duda de que, a estas alturas, el mal menor es celebrar las elecciones en junio, porque de no ser así no nos libraríamos tampoco de nuevas elecciones en el término de unos meses ante la incapacidad de poder gobernar de ese Gobierno a la valenciana, que además de ser algo parecido a una jaula de grillos, contaría con la oposición constante del PP y de Cs, puesto que no dispone de la mayoría necesaria para casi todo. Por lo demás, es cierto que no se debería descartar tampoco, a fin de evitar esas elecciones, que se utilizase una moción de censura, siempre que se reuniesen 176 diputados dispuestos a no tolerar un periodo de anarquía gubernamental. En definitiva, todo esto lo debería saber Pedro Sánchez, que es el gran culpable de que estemos corriendo el riesgo de que el populismo llegue al poder con todo lo que eso significa. Por supuesto, la primera víctima de este Gobierno contaminado sería el pueblo español, pero el autor de la obra, el Secretario General del PSOE, también se vería afectado por las intenciones ladinas del líder de Podemos, que no tiene más ambición que la de hacerse con el poder. Por eso, Pedro Sánchez debería recapacitar sobre algo que muchos ignoran y que suele ser verdad: en esta vida solamente hay una desgracia mayor que desear algo con todo el alma y no obtenerlo: desear algo con todo el alma y conseguirlo.
Pero dicho esto, es evidente que si los políticos son incapaces de encontrar una solución válida para salir del atolladero en que nos encontramos, no hay más remedio que dar la palabra al pueblo soberano el 26 de junio. Bien es cierto que se dice con frecuencia que de nada o de poco servirían unas nuevas elecciones, porque los resultados serían muy parecidos a los obtenidos el 20 de diciembre. Sin embargo, si los electores volviesen a ofrecer de forma parecida los resultados que nos han llevado a la encrucijada actual, no habría más remedio que afirmar entonces que el pueblo español tiene los políticos que merece.
No hay comentarios:
Publicar un comentario