Gran artículo de Arcadi Espada, en el que no deja títere con cabeza, incluso el "pueblo soberano".
El otro análisis contemporizador vendrá, sin duda, del tercerismo. De hecho ya empezó a manifestarse en la misma campaña electoral, interpretando que los votos que pudiera recoger la coalición ganadora no eran, en realidad, votos por la independencia. Por el contrario, y según este análisis, se trataría de votos que tratarían de colocar al nacionalismo en una posición de fuerza ante la negociación inevitable de una futura reforma del marco legal vigente. Este análisis tiene, sin embargo, algún problema de coherencia. Para empezar el que se deriva de la lectura del capítulo nuclear del programa de la coalición ganadora:
«El proceso hacia la creación de un Estado independiente consta de un proceso constituyente (...) La primera fase comienza después del 27-S con una declaración del inicio del proceso de independencia, con la creación de las estructuras de Estado necesarias desde un gobierno de concentración y el inicio del proceso constituyente de base social y popular. Posteriormente se procederá a la proclamación de la independencia, que supondrá la desconexión respecto del ordenamiento jurídico español vigente, y a la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica y de la ley del proceso constituyente.»
Pero es que, además, está la incontrovertible evidencia de la pluralidad política, ciertamente insólita, del próximo parlamento de Cataluña. La mitad de los electores catalanes han podido elegir entre una variadísima oferta ideológica, que ha recorrido además todos los matices de la cuestión territorial. Han podido elegir entre el secesionismo de Junts y de la Cup, entre el derecho a decidir de ideologías tan contrapuestas como Unió y Podemos, entre la opción federalista asimétrica e incluso no asimétrica de los socialistas o entre el constitucionalismo con matices diversos de Ciudadanos y el Partido Popular. Por lo tanto, y de haber preferido la vía de la negociación, los electores catalanes tenían donde elegir.
Otra cosa bien distinta es que la mitad de los electores se haya decidido por la ruptura del orden establecido con plena conciencia de lo que eso significa. Es lógico que los partidos separatistas les hayan ahorrado la descripción del turbio ambiente de inestabilidad social e institucional que conllevaría una ruptura. Mucho menos lógico es que no lo hayan hecho los partidos defensores del orden constitucional. Estos partidos han especulado sobre los graves inconvenientes de todo género que provocaría la independencia, aceptando, aun con signo negativo, el frame propuesto por los separatistas y aceptando moverse en el terreno de la política ficción. Y sin embargo no han hecho alusión a un escenario mucho más realista: el de las graves consecuencias institucionales y sociales que tendría el asalto a la legalidad de los partidos secesionistas. Así pues, la mitad de los votantes catalanes han podido dar su apoyo a la independencia como si en Cataluña se estuviese dando una situación a la escocesa y como si los planes independentistas se ajustaran a la legalidad. Pero la situación española es obviamente muy distinta de la británica: el programa de Mas y sus aliados perseguía la legitimación electoral de una apuesta nítida por la insurrección y, por lo tanto, de una destrucción consciente de las reglas del Estado de derecho que rigen en Cataluña y en el resto de España.
La responsabilidad de los políticos, sin embargo, no puede eludir la de los ciudadanos. Sobre estas elecciones se ha volcado un volumen de información que, aun descontando el ruido, es incomparable con el de ninguna otra elección reciente. Los electores, además, no se han abstenido, sino que han ido a votar de una manera que en Cataluña solo tiene el lejano precedente de las elecciones de 1982, el de la gran victoria de Felipe González. Y la elección de la mitad de los ciudadanos es devastadora desde el punto de vista de la democracia. Es un tópico (que parte de una descontextualización de una frase de Rousseau), y mucho más lo es en Cataluña, un lugar propenso a la presunción, aludir a la sabiduría y hasta al refinamiento de las decisiones del pueblo soberano. Pero ahora va a ser difícil que los aduladores de guardia cumplan con su cometido. La decisión de la mitad de los votantes catalanes supone la apertura de una crisis política que va a traer inestabilidad y zozobra a Cataluña y al resto de España. Si antes del pronunciamiento de la mitad no había ninguna razón ni lógica ni moral para el asalto a la legalidad y para la independencia, la distribución parlamentaria no convierte en lógico lo ilógico ni en moral lo inmoral. La decisión de la mitad ha sido frívola e irrespetuosa con las leyes democráticas. Y lo peor: ni siquiera va a ser inapelable. No solo tendrá enfrente a las leyes sino también a la otra mitad.Primero, sobre los contemporizadores de la tercera vía
Los objetivos del programa de independencia
Segundo, la día paridad ideológica
El gran fallo de los partidos
no nacionalistas
La responsabilidad de "pueblo soberano"
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