La nefasta reforma de las pensiones

Hay un estudio riguroso y profundo en FEDEA (“¿Hacia una nueva reforma de las pensiones? Notas para el pacto de Toledo”), sobre lo que supondría la reforma que se está gestionando (por el Frente Popular Gobierno-Podemos) del cálculo de las pensiones. Es un trabajo encomiable, con la significación añadida de que FEDEA no cojea precisamente de la pata derecha, si es que hubiera que aclarar este tipo de cosas. Debería no tener que mencionarse, pero tal y como están las cosas, yo prefiero decirlo. 

Un trabajo tan prolijo es muy difícil de sintetizar para el lector que no quiere meterse por vericuetos que le pueden disuadir de llegar hasta el final. 

El trabajo comienza por cómo se desarrollarían las cosas si no se cambia la ley actual, fruto de la reforma hecha en 2011 y 2013, que garantizan cierta sostenibilidad del sistema, la cual creo que es el tema de fondo más importante.

Sin embargo, aún manteniendo esas reformas, bajo supuestos bastante benignos de productividad, crecimiento, empleo e inmigración, habría que contar con la aparición de cierta deuda del sistema no desdeñable, que habría que financiar con un aumento de la contribución de los activos o la emisión de deuda, sobre un Estado que tiende al déficit y a la deuda. Estas dos alternativas se amplifican y agravan al suprimir la reforma de 2013.

En efecto, lo peor es el caso de que se lleve a cabo la Reforma de la que se está hablando, de romper con las bases de sostenibilidad mencionadas y ligar el cálculo del aumento de las pensiones al IPC anual, un cambio a todas luces injusto desde el punto de vista intergeneracional, pies traslada a las generaciones futuras las malignas consecuencias de ese cambio.

Por las dificultades de síntesis, doy por comprendido que la No-Reforma es hoy la menos mala de las soluciones (pese a sus deficiencias), y paso a citar lo que dicen los autores de las consecuencias del proyecto del Pacto de Toledo que está encima de la mesa.

Supresión de la reforma de 2013 manteniendo el escenario demográfico base.

Manteniendo constantes el resto de los supuestos de nuestro escenario base, y en particular los que tienen que ver con el influjo de inmigrantes, supongamos ahora  que se deroga la reforma de 2013, de forma que de 2018 en adelante se vuelve a la actualización de las pensiones con el IPC y no se introduce el factor de sostenibilidad. Comparando el Gráfico 7 con el Gráfico 6 vemos como esta contrarreforma afectaría a las sendas esperadas de las variables de interés. El principal cambio es que la nueva política se traduciría en un sistema mucho más generoso en términos de la cuantía de las pensiones y, por ello, muy dudosamente sostenible sin forzar cargas muy gravosas sobre ciertas cohortes de [futuras personas en activo] (y posiblemente otros contribuyentes).

De acuerdo con nuestros cálculos, el gasto en pensiones se dispararía en casi 6 puntos desde el momento actual hasta un pico del 16,9% del PIB en 2052, lo que, en ausencia de una subida de cotizaciones, generaría a finales de la década de los setenta una deuda ligada al sistema de pensiones de más del 200% del PIB. Para evitar esta situación, muy difícilmente sostenible, habría que elevar sensiblemente las cotizaciones sociales (u otros impuestos). 

Las dos alternativas, la de incrementar la deuda o descargar el peso sobre los cotizantes con trabajo, pueden verse en los gráficos siguientes, que tomo del artículo de JM Rallo sobre el mismo tema. 

Cuando estamos hablando de un 200% sobre PIB de deuda, estamos hablando de deuda exclusiva de las pensiones, a la que habría que añadir la deuda del Estado, actualmente del 100% del PIB, y que no parece que se vaya a reducir fácilmente. No es un panorama como para no inquietarse y dejar que dan próximas generaciones las que carguen con el problema. Lo mismo se puede decir de una proyección de una cotizaciones sociales, sólo por pensiones, de más de 40% del PIB, un auténtico dislate. 

De todo esto se deducen varias cosas, como que el PSOE ha perdido totalmente el sentido de la socialdemocracia al saltarse a la torera la solidaridad intergeneracional, tan importante o más que “la de clases”, o como quiera que se llame. De U-P sabemos que no le importaría deshacer a España política y financieramente, pues “cuanto peor mejor”, que es una consigna nada insignificante, y que conocen muy bien los partidos de su laya. Según el recién liberado preso venezolano Lorent Saleh, las malformaciones económicas que han traído a Venezuela El hambre y la hiperinflación están perfectamente calculadas por el régimen, pues una población preocupada por qué va a comer la próxima hora no tiene tiempo de hacer política. Es raro que un tirano se preocupe por el bienestar de su pueblo, tanto o más que tenga relaciones comerciales con el exterior, lo que ciertamente debilita al régimen. Como párese si se quiere este comportamiento con el de Franco, que habría la frontera a los turistas y al capital exterior, de efectos no menos aperturistas. 

Así que si las cosas se complican financieramente en España, tanto mejor para algunos. Ya se han ocupado de enfrentar a grupos de la población con el resto, sobre todo utilizando los pensionistas como ariete, lo que ha destrozado la sensatez política que quedaba, si alguna quedaba. 

Para terminar, me gustaría destacar estos párrafos de las conclusiones finales de los autores del artículo de FEDEA citado al principio. 

Incluso bajo el escenario migratorio más favorable que quepa contemplar (e ignorando los posibles efectos adversos de la inmigración sobre la productividad media), la derogación de esta reforma es una decisión que no puede tomarse a la ligera por motivos de equidad intergeneracional y porque supondría incrementar de forma muy significativa la presión que el sistema de pensiones ejerce sobre unas cuentas públicas que todavía registran un déficit importante y un elevado nivel de deuda en el mejor momento del actual ciclo económico y que, además, tendrán que acomodar en el futuro unas necesidades crecientes de gasto en funciones como la sanidad o la dependencia que también son muy sensibles al rápido proceso de envejecimiento de la población en el que nos encontramos.

La contrarreforma que se está considerando en el Pacto de Toledo comportaría un aumento muy considerable del gasto en pensiones en relación al mantenimiento de la normativa actual, lo que podría terminar de desequilibrar las ya precarias cuentas del sistema durante las próximas décadas hasta hacerlo inviable, abocándolo a un ajuste abrupto y traumático en algún momento futuro que comportaría una fuerte reducción de las pensiones de un día para otro y un reparto muy injusto de los necesarios ajustes entre las distintas cohortes de pensionistas. Según nuestros cálculos, en ausencia de otras medidas, este cambio de política añadiría, en promedio durante el próximo medio siglo, entre 3,0 y 3,6 puntos de PIB al déficit anual del sistema de Seguridad Social dependiendo de la evolución de los flujos migratorios, con un pico de más de cinco puntos. Para evitar una espiral de deuda que nos llevaría eventualmente a la suspensión de pagos, resultaría necesaria una inyección de recursos al sistema de este orden de magnitud que podría provenir de una subida de las cotizaciones sociales o de un incremento de las aportaciones del Estado financiadas con mayores impuestos generales. Las subidas de impuestos y/o cotizaciones necesarias para financiar el incremento previsto del gasto tendrían que ser muy significativas, especialmente si se pospone el comienzo del ajuste y se continúa acumulando deuda, y supondrían sin duda una carga muy pesada para determinadas cohortes de trabajadores que sería cuando menos cuestionable en términos de equidad intergeneracional.

En el fondo del fondo de este problema late la trayectoria demográfica de España (y de Europa), que plantea otros problemas no menos acuciantes que el meramente de las pensiones. La decadencia demográfica es una de las mayores certidumbres que nos enseña la historia sobre futuro. En las grandes líneas geoestratégicas que se cruzan ya en el mundo globalizado de hoy, España está cada vez más al margen. Primero, de Europa, y segundo, en el mundo. Deberíamos medir cuidadosamente nuestros pasos de política interna para no acabar atrapados en una posición completamente dependiente e impotente que ni siquiera nos deje la mínima capacidad interna para sobrellevar una soportable medicriodad. 

Es obvio que estamos haciendo todo lo contrario en muchos aspectos clave, empezando por la política territorial. El riesgo de pasar de una descentralización controlada a una desmembración es cada vez más evidente. Nuestro futuro está preñado de riesgos hoy calculables, que deben ser abordados por un poder central que mire más al futuro y menos a la mezquindad de consideraciones electorales a corto plazo.