La república “sinalagmática”

Nuestra primera republica, cuyo segundo presidente Pi y Margall definió como sinalagmática (con ello se referiría,creo, al contrato social), fue un desastre sin paliativos. Cualquier persona objetiva no podría negar que su fracaso se debió exclusivamente a los propios republicanos.
Los republicanos de 1873 eran en su mayoría honrados, pero enormemente idealistas y alejados de la realidad. Eso sí, como los de ahora, odiaban la unidad de España y a la iglesia. No es posible entender lo que pasó si no es por la presencia de esa doble pasión que se ha mantenido constante en la izquierda española hasta hoy. Pero, probablemente, sobre las malas intenciones predominó la estulticia de unos dirigentes muy mal preparados para gobernar. Si las intenciones de algunos no eran especialmente perversas, el mal ejercicio del poder soliviantó las peores emociones del pueblo. Fue uno de los casos más claros de confusión extrema fomentada desde la debilidad y la incompetencia.
El primer error -pero no el más decisivo- fue infringir la legalidad vigente, representada por la constitución monárquica de Amadeo de Saboya, que había dimitido. Esa constitución prohibía expresamente a las cortes cambiar la forma de gobierno. También prohibía la reunión del senado y el congreso, pero fueron ambos órganos, reunidos ilegalmente, los que proclamaron el nuevo régimen cuando Amadeo I, el rey dimitido, salió de España.
El segundo error fue autoproclamarse república “federal” aún antes de modificar la constitución, los mismos que hasta el día anterior habían sido monárquicos. El tercer error fue caer en la debilidad de proclamar una constitución de carácter marcadamente confederal, en la que se decía: “comprenden la nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón,...” Creando repentinamente, de unas regiones y provincias, unos Estados soberanos –igual que ahora, frívolamente, se han convertido regiones en autonomías y nacionalidades. Un ataque frontal a la historia de España. Esto desató las bajas pasiones que alentaron las guerras cantorales, junto con las carlistas y coloniales, que asolaron a España.
El error definitivo fue la extrema debilidad de los sucesivos presidentes de gobierno (cuatro en once meses), que intentaron encauzar el caos generado por ellos mimos mediante la persuasión moral –igual que ahora se intenta persuadir a ETA-, hasta que Castelar, el último presidente, mostrara una gran energía que estuvo apunto de encauzar las cosas hacia la normalidad. Sin embargo, el idealismo barato y los celos de sus antecesores le derribaron del poder - y no, como se da por hecho, el general Pavía, quien no entró a caballo en el Congreso, y estaba dispuesto a servir a una república seria. Castelar era la única esperanza de apuntalar ese nuevo régimen pero no pudieron tolerarlo sus correligionarios. Su afirmación en la sesión de cortes en que fue destituido: “Para salvar y fundar esta república urge fundar el partido republicano conservador” es todo un signo de lucidez y una síntesis de la situación. Por cierto, que bien se podría aplicar a los republicanos de la infausta segunda república.
Al igual que entonces (y con el mismo odio a la unidad nacional y a la iglesia), el gobierno de ahora está llevando una deriva similar, pues ha infringido la legalidad de la constitución de 1978 y ha originado una situación de hecho que lleva directamente a la confrontación “cantonal”, como se decía entonces, o de “comunidades y nacionalidades autónomas”, como se dice ahora. Realmente la legalidad del 78 está en suspenso, y estallará sin remedio al primer conflicto serio no resoluble por la persuasión. Todas sus piezas básicas y su articulación (Corona, Estado, Regiones, que no nacionalidades), nacidas del consenso de las fuerzas de la Transición –un poco ingenuo, a mi parecer-, han sido dinamitadas en silencio por la vía de los hechos (en ello ha colaborado el cerril entusiasmo reformador del PP). De nuevo la izquierda ha tirado por la calle de los hechos consumados -por motivos difíciles de entender sino es por el odio a la unidad-, sin pararse a pensar en las graves consecuencias que provoca el creciente vacío jurídico. España es un país cuya izquierda se lanza periódicamente, con gran frivolidad, en manos del vacío legal.
La sentencia de Castelar es, al parecer, de vigencia perenne para nosotros. Necesitamos, valga la expresión, una izquierda “conservadora”. Esto no quiere decir una “izquierda de derechas”: quiere decir una izquierda con sentido conservador de lo básico de nuestra historia que nos ha conformado como nación. Nada más y nada menos. Pero mientras se sientan orgullosos herederos de la estulticia republicana y de la inmoralidad marxista (que ahí está), será imposible.